
«Entre la violencia y la paz » 1986-2016
Betancur fue sucedido por el liberal Virgilio Barco, que se presentó como un candidato que haría un gobierno liberal, con un programa liberal, respetuoso de la oposición pero sin convertirla en cogobernante. Esperaba impulsar algunas reformas que consideraba centrales, como la de la justicia, y fortalecer el ejército dentro de marcos legales, para enfrentar a la guerrilla y realizar una negociación de paz, con una guerrilla ojalá debilitada por la acción militar. El gobierno, por otra parte, tituló a las comunidades indígenas gran parte del territorio nacional: entre 1988 y 1990 más de veinte millones de hectáreas fueron asignadas como resguardos, sobre todo en la Amazonia y la Orinoquia. De este modo, 20% del territorio nacional quedó bajo el control de comunidades con menos de 2% de la población.
Es probable que esta decisión haya estado influida por la idea de que era la única forma de detener el proceso de colonización que amenazaba con destruir del todo las selvas tropicales en la Amazonia y otros sitios. En ambos campos el reconocimiento de derechos a las comunidades indígenas y la defensa del medio ambiente ésta fue una de las decisiones de mayor impacto tomada por un gobierno colombiano en el siglo xx.
El gobierno de Virgilio Barco recibió desde el comienzo duros golpes de los narcotraficantes. En 1986 mataron al director asistente del diario Occidente, Raúl Echavarría, y asesinaron al respetado director de El Espectador, Guillermo Cano, cinco días después de que la Corte Suprema suspendiera el tratado de extradición por razones formales. Barco respondió con una guerra total contra el narcotráfico, en la que trató de presentar a Colombia ante la opinión mundial como una víctima de un negocio global, que no podría resolverse sin la colaboración de todos los países, consumidores y productores. Quería, además, fortalecer la justicia para que enfrentara en el país el poder del narcotráfico, evitando hasta donde fuera posible la extradición, pero manteniéndola como forma de presión.
Para que la justicia funcionara era preciso hacer una reforma drástica que, en opinión del gobierno, requería un cambio constitucional. Mientras se hacía esto, trasladó el juicio de los narcotraficantes a la justicia penal militar y revivió muchas de las normas represivas del Estatuto de Seguridad. El esfuerzo de reformar la justicia tropezó con dificultades de todo orden: el poder de los narcotraficantes les permitía influir en el Congreso, donde hubo varias modificaciones a la propuesta del gobierno, así como en las cortes judiciales. Cuando la Corte Suprema anuló el tratado de extradición en 1979 porque la ley que lo aprobaba no fue firmada por el presi dente, sino por un ministro que tenía «funciones presidenciales», y solicitó que siguiera su trámite y fuera a firma del presidente, Barco la volvió a sancionar, pero otra vez la Corte la derogó, alegando que no podía firmar una ley ya anulada.
A pesar de todo, el ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, en enero de 1988 dictó orden de captura contra Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano para extraditarlos, aplican do un tratado anterior.
1988 y 1990, Escobar y Rodríguez Gacha, como cabezas del cartel de Medellín, se lanzaron al terrorismo general: bombas en centros comerciales, la destrucción del edificio del Departamento de Seguridad del gobierno, das, la explosión de un avión comercial lleno de pasajeros, el asesinato de centenares de policías y de decenas de jueces y funcionarios públicos, fuera del exterminio de la Unión Patriótica. Aunque el gobierno tuvo algunos éxitos, como la muerte de El Mexicano en 1989, la política de enfrentamiento total no con taba con un respaldo general, pues muchos veían la droga como un problema de los países consumidores y el terrorismo de los carteles como una respuesta a la violencia del Estado contra sus negocios.
Los niveles de violencia y homicidio crecieron con rapidez, como lo habían hecho desde la mitad del gobierno de Betancur, tanto en las ciudades como en el campo. De 1984 a 1990 aumentaron las acciones paramilitares, con decenas de masacres de simpatizan- les de la izquierda y de poblaciones campesinas que, por coacción o simpatía, daban muestras de colaboración con la guerrilla.
El gobierno, aunque esperaba negociar desde una posición Inerte, reabrió en 1988 las conversaciones con la guerrilla, poco después del secuestro por el m-19 del principal dirigente con servador, antiguo promotor de los ataques a Marquetalia, Alvaro Gómez, el cual fue liberado como un gesto para recomenzar las conversaciones. Éstas se desarrollaron en un marco más preciso que las del gobierno anterior, sin negociar cambios en las políticas sociales o económicas del gobierno.

EL GOBIERNO DE CÉSAR GAVIRIA, LA CONSTITUCIÓN Y LA BÚSQUEDA DE LA PAZ
Elegido en medio del proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y de la negociación con las guerrillas, el presidente Gaviria, que había sido funcionario central en el gobierno anterior, convocó a la elección de la asamblea, en la que participaron con entusiasmo los exguerrilleros del m-19 y el enl, y siguió buscando un acuerdo con los grupos que no habían firmado aún la paz, las farc y el eln.
Por otra parte, cambió la política hacia el narcotráfico al ofrecer la posibilidad de un tratamiento judicial, sin extradición, a los que se sometieran a la justicia colombiana. Esto produjo una gran reducción de la violencia terrorista. Cuando la Asamblea Constituyente prohibió en 1991 la extradición de colombianos , se entregó la principal cabeza del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Aunque su prisión y su fuga, un tiempo después, mostraron la debilidad del gobierno, su muerte en un enfrentamiento con la policía, en 1993, transformó la estructura del cartel de Medellín y terminó con el «narcoterrorismo», pues aunque el negocio de la droga continuó con fuerza, estuvo desde entonces en manos de traficantes interesados en no despertar la violenta re presión estatal de la época de Barco y Gaviria.
La asamblea que se convocó en 1990 para hacer la reforma de la Constitución ofrecía una primera oportunidad a la guerrilla para probar su respaldo popular y el m-19 participó en las elecciones. I as farc, que habían pedido en octubre, cuando ya estaban convocadas, un cambio de reglas, se negaron a firmar la paz, pues esperaban concesiones mayores; sentían que podían seguir mejorando sus posiciones militares y, sobre todo, no confiaban quizá con razón en que fuera posible tener condiciones apropiadas para la acción política cuando su grupo político desarmado, la up, era víctima de una campaña de exterminio en la que participaban, a pesar ele tibias sanciones, autoridades y miembros de las fuerzas armadas.
Las elecciones se hicieron el 9 de diciembre y el m-19, cuya sinceridad en el regreso a la paz parecía fuera de duda, obtuvo una votación de cerca de 25%, un premio que los votantes «progresistas», y menos fieles a los viejos partidos, le daban por abandonar la lucha armada pero manteniendo objetivos sociales radicales. Aun que la up participó, lo hizo ya sin respaldo de las farc, y logró dos representantes. Y como las farc no aceptaron los acuerdos de paz ni quisieron entrar a nuevas negociaciones para las que se les pedía un cese al fuego previo con la idea de que éstas no debían hacer se en medio de la guerra, el presidente Gaviria autorizó que se reanudara la acción militar contra esta guerrilla, la que se lanzó sin muchos resultados y con torpeza simbólica el mismo día en el que se abría la Asamblea Nacional Constituyente.
Así, las farc no aprovecharon la nueva oportunidad de entrar a la política legal a través de la reforma constitucional. En los dos años siguientes, mientras el país recibía con euforia la nueva Constitución, las farc siguieron creando nuevos frentes de guerra y participaron en varios intentos de negociación en Caracas y Tlaxcala, en los que el gobierno modificó, desde 1993, la regla fundamental de las conversaciones de los tres años anteriores: que eran sólo para lograr la reintegración de las farc a la vida política legal y establecer las condiciones apropiadas para ello, sin que en los acuerdos se decidieran puntos sustantivos sobre el modelo económico y social, tarea que correspondía a los órganos elegidos por el voto popular. Los grupos armados que entregaron las armas, por otra parte, enfrenta ron condiciones muy contradictorias: algunos de sus jefes hicieron carreras políticas notables, pero muchos militantes y milicianos fue ron asesinados después de la firma de la paz. Los proyectos sociales para dar empleo, tierras y oportunidades de trabajo a los antiguos combatientes se aplicaron a medias.
La asamblea elegida en 1990 fue vista por los electores como oportunidad de paz. Fuera del m-19, premiado por su pacifismo, entre los conservadores ganó el grupo de Alvaro Gómez Hurtado, que había sido secuestrado dos años antes por el m-19 y defendía ahora, después de años de intransigencia, una negociación con la guerrilla. La mayoría liberal apoyaba también esta perspectiva, de modo que la constituyente estuvo animada por el entusiasmo por las posibilidades de paz, a pesar de la ausencia de dos guerrillas fuertes, las farc y el eln.
La asamblea no reformó la carta, sino que expidió una nueva Constitución que buscó fortalecer el respeto a los derechos huma nos, la capacidad de representación de las instituciones políticas, la posibilidad de autogobierno local. Colombia sería ahora una democracia real, con un Senado elegido en forma que garantizara la representación proporcional de los partidos más pequeños, con alcaldes y gobernadores electivos, con una carta de derechos políticos, económicos y sociales que se apoyó en las aprobadas pocos años antes en otras constituciones progresistas, como la de Brasil, y con toda clase de mecanismos e instituciones para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado y sus funcionarios, así como de las limitaciones del sistema social.
La Constitución de 1991 creó grandes esperanzas, en parte con firmadas y en parte incumplidas. Muchas de sus normas constituían una actualización indispensable de una constitución formalista, ya centenaria, convertida en obstáculo a la democracia: reemplazó a una constitución que existía en buena parte en la medida en que su vigencia se suspendía, de modo que se salió al fin de la arbitrariedad del estado de sitio permanente. Las declaraciones de derechos y los mecanismos para defenderlos, en especial la tutela, convencieron al fin a los colombianos de que tenían derechos. Sirvieron para proteger a las minorías y los débiles y para obligar a la burocracia, sobre todo del sector salud, a atender a todos los ciudadanos. Las sentencias de la primera Corte Constitucional desarrollaron nuevas visiones de los derechos sociales, ahora incorporados a la ley y transformaron a fondo la visión del Estado.
La descentralización que adoptó estuvo acompañada, para dar autonomía real a municipios y departamentos, de la cesión de gran des recursos provenientes sobre todo de la minería y el petróleo, que prometían nuevas bonanzas y en efecto generaron inmensos ingresos en las décadas siguientes. Pero como la paz no llegó, convirtió los recursos transferidos en botín gratuito, cuyo control se volvió parte esencial de la política local, en medio del enfrentamiento entre la guerrilla y los grupos de propietarios, narcotraficantes y políticos tradicionales aliados en el paramilitarismo. De este modo, un efecto secundario e involuntario de la Constitución de 1991 fue elevar los niveles de corrupción local ya muy altos en muchos sitios de Colombia, mientras que gobiernos locales modernos y responsables sólo se lograron donde, como en algunas grandes ciudades, los conflictos armados no perturbaban tanto la política. Por otro lado, la representación proporcional adoptada para la elección de los senadores debilitó a los partidos: muchos políticos formaron pequeñas empresas electorales que les permitían ser elegidos uniendo votos en todo el país, sin someterse a la disciplina de los partidos.

SAMPER Y PASTRANA: CUESTIONAMIENTO MORAL Y NEGOCIACIONES GENEROSAS
El gobierno de Ernesto Samper estuvo marcado por un sorpresivo enfrentamiento con Estados Unidos, por el apoyo que narcotraficantes de Cali dieron a su campaña. A pesar de que Samper sostuvo que ese apoyo fue «a sus espaldas», lo que fue aceptado por el Congreso que lo juzgó, y enfrentó con fuerza a los traficantes de Cali, el gobierno estadounidense no confiaba en él y muchos sectores locales se unieron para buscar su retiro.
Aunque la gestión administrativa y económica de Samper no tuvo grandes dificultades, en 1997 y 1998 las autoridades económicas elevaron las tasas de interés, para impedir las especulaciones contra el peso. Como desde 1992 las deudas del sistema subsidiado de vivienda estaban atadas a la tasa bancaria, crecieron bruscamente, mientras bajaban los precios de la vivienda por la caída en la demanda, afectada también por la crisis internacional. Muchos deudores vieron que el valor de su deuda superaba el valor comercial de sus casas y las suspensiones de pago, ventas y embargos de viviendas empezaron una espiral que produjo en 1999, por primera vez desde 1929, una caída en el producto nacional.
La guerrilla, frente a un gobierno que juzgaba débil, abandonó la táctica de ataque y retirada para reemplazarla por la llamada «guerra de posiciones». La captura de centenares de soldados y policías planteó como eje de la estrategia política de las farc, que no parecía interesada en acuerdos de paz, el «intercambio humanitario» de estos rehenes con los guerrilleros presos en las cárceles oficiales.
La fatiga de la población con el enfrentamiento armado y su simpatía por alguna forma de acuerdo o negociación política creció entre 1996 y 1998, y llevó a que en la elección de este año el candidato conservador Andrés Pastrana fuera elegido contra el liberal Horacio Serpa, en buena parte porque las farc respondieron bien a sus gestos en favor de una negociación. Ésta recomenzó en enero de 1999 y se llevó a cabo durante tres años, en una amplia «zona de distensión», en la región del Caguán en donde, desde hacía 30 años, se habían consolidado los mandos de las farc. El control de facto de este vasto territorio, del cual se retiró el ejército, permitió que las farc lo usara como sitio de refugio, área de acumulación de recursos militares y económicos y lugar de experimentación de nuevas formas de poder local, más o menos compatibles con la existencia de autoridades civiles.
Con un amplio territorio bajo su control, extorsiones que se presentaban como «impuestos», cárceles para los soldados y otros rehenes, mientras se negociaba su intercambio por los guerrilleros detenidos, las farc parecían satisfacer las condiciones para ser parte de una negociación formal como la regulada por los acuerdos de Ginebra y soñaban con el «reconocimiento de beligerancia». Las negociaciones, en las que se puso en discusión todo el modelo social y económico, avanzaron poco, mientras muchos comenzaban a criticar la estrategia oñcial, que podía llevar al fortalecimiento de las farc y, en los temores más exagerados, a la ruptura de la unidad nacional y al colapso del Estado. Las farc confiaban en que podían lograr concesiones importantes, que les permitirían, si se firmaba algún acuerdo, mantener en muchos sitios un poder de hecho y en otros ampliarlo mediante la acción política posterior.
Esto llevó a un aumento de la violencia y del terrorismo rural, a la generalización de masacres contra poblaciones civiles acusadas de complicidad y tolerancia a la guerrilla, al ataque sistemático a organizaciones sociales y políticas que simpatizaban con la guerrilla o que, por sus convicciones sobre derechos humanos, se oponían a las ilegalidades de las autoridades. Mientras tanto, los grupos guerrilleros, aunque expulsados por los paramilitares de las zonas de agricultura moderna y confinados a la selva y las áreas de cultivos de coca, aumentaron sus golpes militares y empezaron a efectuar secuestros masivos en las principales carreteras, lo que exasperó a la población hasta el punto de que en las encuestas mostraba mayor simpatía por los paramilitares que por la guerrilla. En este clima, cuando un frente de las farc secuestró en febrero de 2002 a un senador, el gobierno como había ocurrido casi 20 años atrás decidió suspender las negociaciones y reocupar el Caguán.
Desde unos meses antes, un candidato liberal disidente, Alvaro Uribe Vélez, había estado mostrando las incongruencias de las ne gociaciones y poco a poco su propuesta de suspenderlas y eliminar la «zona de distensión» había ido ganando respaldo. El fin de las conversaciones dio la razón a Uribe y debilitó al candidato liberal, Horacio Serpa, que insistió en las negociaciones. La opinión pública, que había respaldado con firmeza las negociaciones del Caguán durante tres años, incluso cuando la actitud de las farc parecía inexplicablemente prepotente, fue arrastrada por la esperanza de un ataque militar efectivo contra la guerrilla y eligió a Alvaro Uribe con 53% de los votos, con el mandato simple de acabar con la inseguridad producida por la guerrilla y por sus enemigos paramilitares.

LA REACCIÓN URIBISTA
Por tercera vez las farc perdieron en el Caguán la oportunidad de firmar un acuerdo en el que podrían haber obtenido grandes concesiones a cambio de un desarme real. Desde 2002 tuvieron que enfrentar, durante ocho años, un gobierno que apoyó con firmeza la acción militar, aunque sin descartar una eventual negociación, limitada a discutir las condiciones de reintegro de la guerrilla a la vida civil y condicionada a la previa suspensión de sus acciones armadas. Las farc estaban más fuertes en algunas regiones, sobre todo en términos económicos pero, aunque tenían tres veces más frentes armados que veinte años atrás, estaban debilitadas militarmente por la acción más efectiva del ejército y por la campaña de exterminio de los simpatizantes de la guerrilla y de terror contra sus bases llevada a cabo por los paramilitares. Todo esto arrinconó a las farc y las hizo replegarse a zonas remotas o incluso de frontera, con Venezuela o Ecuador.
Entre 2002 y 2007 el ejército atacó con algún éxito a los grupos guerrilleros, aunque, como en años anteriores, el uso de métodos ilegales resurgió y llegó esta vez a niveles insólitos, como los llamados falsos positivos, en los que los soldados vestían de guerrilleros no a víctimas de errores y accidentes, sino a personas comunes, asesinadas a sabiendas de que no tenían vínculos con la guerrilla, para inflar el número de bajas y ganar reconocimientos por los resultados. Esto estaba dirigido a desarmar a los paramilitares: el gobierno consideraba que, dada su voluntad clara y demostrada de someter a la guerrilla, los paramilitares, que veían con simpatía el cambio de política oficial, podían considerar innecesario seguir en una guerra que habían justificado ante todo por la ineficacia del gobierno. En efecto, después de la firma de un acuerdo de paz con los paramilitares en Ralito en 2003, entre 2005 y 2006 se desmovilizaron los principales frentes paramilitares y se entregaron unos 31000 hombres, presentados como combatientes, cuyos jefes recibieron condenas a penas breves de prisión. Algunos de los jefes principales, que siguieron dedicados a negocios de narcotráfico desde la cárcel, fueron extraditados en 2008. Aunque la Corte Constitucional impuso algunas obligaciones a los desmovilizados, como confesar sus crímenes, los acuerdos fueron generosos y su aplicación des ordenada. Al final, las confesiones fueron insatisfactorias para las víctimas y pocos paramilitares tuvieron que devolver las tierras y fortunas acumuladas, basadas en la corrupción, la violencia a los campesinos y el tráfico de drogas.
En muchas regiones, además, la entrega de los paramilitares dejó instaladas unas estructuras de poder local en las que sus aliados conservaron el control de la política y el presupuesto.
La debilidad política de la guerrilla, con un discurso reducido a los «intercambios humanitarios», era cada vez mayor: en 2008 tuvieron lugar las marchas populares más grandes en la historia del país para protestar por los secuestros de civiles de las farc, que ya habían disminuido mucho, debido al efecto negativo sobre su imagen y tal vez por las dificultades para retenerlos frente a un ejército más eficaz. Sin apoyo urbano ni rural, fuera del campesinado ligado a la coca, con una economía en crecimiento, con programas cada vez mayores de subsidios a sectores pobres, con movimientos políticos de izquierda muy débiles , el proyecto guerrillero llegó a un muro que parecía insuperable.
Al mismo tiempo sin embargo, las nuevas revelaciones sobre irregularidades de la fuerza pública falsos positivos, grabaciones ilegales y hostigamientos a opositores crearon desconfianza hacia el gobierno entre los electores. Pese a los éxitos militares, hacia 2007 o 2008 la lucha contra la guerrilla pareció estancarse.
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SANTOS: UNA NUEVA NEGOCIACIÓN DE PAZ
El radicalismo del ataque oficial y su desatención a la legalidad debilitaron al gobierno y en 2010, tras ocho años de avances en seguridad, los electores, después de que las encuestas mostraban un posible triunfo de los críticos de Uribe, eligieron al candidato del presidente, el ex ministro liberal Juan Manuel Santos, que prometía continuidad y firmeza contra la guerrilla pero sin las rigideces y arbitrariedades del gobierno que terminaba.
Santos, que subrayó pronto su ruptura con el autoritarismo del gobierno anterior y perdió por ello el apoyo de los sectores más cerca nos a Alvaro Uribe, volvió a buscar el fin del conflicto con la guerrilla mediante la negociación, aunque manteniendo la presión militar en su contra. Esta negociación, comenzada en 2011, se apoyaba en condiciones nuevas, que le daban algunas posibilidades de éxito: ya no se hacía porque la fuerza de la guerrilla llevara a admitir su proyecto político o sus ideas sobre el orden social o económico, sino para reducir los costos de una larga guerra contra un grupo que ha combinado con persistencia la lucha política y la delincuencia común.
En efecto, es evidente que el proyecto político de las farc fracasó: Colombia, tras medio siglo de guerrilla comunista, no avanzó hacia el socialismo y la lucha armada para tomar el poder no tiene apoyo en ningún sector de la opinión. Después de cinco años de conversaciones, en agosto de 2016 las farc y el gobierno anunciaron que se había firmado un acuerdo de paz, que incluía complejas fórmulas de «justicia transaccional» que permitieran sancionar a los guerrilleros por sus delitos en forma que respondiera a las exigencias internacionales y de justicia y, al mismo tiempo, dejara campo a sus dirigentes para la participación en política. En esencia, se trataba de aceptar que las guerrillas reconocieran que lucharían por sus objetivos siguiendo las re glas democráticas: que abandonaban las armas y se convertirían en un partido que actuaría dentro de la ley.
Las concesiones relativas a políticas públicas que se le hicieron a las farc fueron pocas, centradas en el compromiso de hacer al fin una «reforma agraria integral» no muy distinta a la que se había intentado en 1968, y estuvieron acompañadas de promesas un poco etéreas de ayuda de las farc a los esfuerzos del gobierno para enfrentar el narcotráfico.
Para refrendar estos acuerdos el gobierno convocó a un plebiscito en el que, el 2 de octubre de 2016, los ciudadanos votaron, por un pequeño margen y en forma algo inesperada, en contra de los acuerdos. Del mismo modo, había un amplio rechazo a la idea de que quienes habían hecho parte de un grupo armado fueran sostenidos durante dos años con recursos públicos, así como a que las farc siguieran presentándose ante la opinión, con algo de prepotencia, como un movimiento que hizo una guerra justa, que era la respuesta inevitable a la opresión del sistema, lo que justificaba que las víctimas de estas décadas de violencia fueran compensadas con recursos públicos y no con las fortunas fabulosas y probablemente imaginarias que se atribuían, sin pruebas suficientes, a la guerrilla, sobre todo como consecuencia de su participación en el narcotráfico.
El acuerdo ha entrado en un proceso de revisión muy incierto. Fue modificado a fines de 2016 para tener en cuenta el rechazo de los ciudadanos, encabezados por los partidos afines al ex presidente Uribe y los representantes de los grupos rurales empresariales y políticos más enfrentados a la guerrilla, que buscan sanciones fuertes, incluyendo cárcel y pérdida de los derechos políticos para los jefes de las farc y que, más bien que un acuerdo con éstas, tratan de lograr un acuerdo nacional en su contra. Las farc, en esta encrucijada, mostraron nuevamente que su decisión de abandonar las armas es firme y se han venido ajustando gradualmente a la nueva situación, más exigente y menos generosa para ellos. En marzo de 2017 comenzaron a entregar las armas a las Naciones Unidas, concentra ron sus hombres en zonas definidas de acuerdo con el gobierno y siguen mostrando su voluntad de convertirse en un partido legal.
En las condiciones políticas actuales, con una elección presidencial en 2018 que se convertirá en un plebiscito acerca de la firmeza que hay que mostrar frente a las farc, con un electorado que ha mostrado una gran indiferencia por el proceso de paz, el acuerdo enfrentará sin duda grandes dificultades en su aplicación y sufrirá nuevas restricciones y ajustes, aunque probable mente se cumpla, en forma desordenada y costosa, en sus aspectos esenciales.

JORGE ORLANDO MELO

Nacido en Medellín, 1942 ,Bachiller del Instituto Jorge Robledo, Medellín, 1959Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 1960-63 .Master of Arts, Latin American History, University of North Carolina at Chapel Hill, 1965-1967. Estudios de historia latinoamericana, Oxford University, 1974-1976.
Docencia y administración universitaria Profesor universitario en Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Duke University y FLACSO (Quito), entre 1964 y 1990. Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, UN, 1970-1971. Director, Departamento de Historia, UN, 1971 Director del Departamento de Historia, Decano de Investigaciones, Vicerrector Académico y Rector Encargado en la Universidad del Valle. (Entre 1971 y 1988). Director, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional (IEPRI) 1989-90
Otros cargos:
Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, 1990-1993 y Consejero Presidencial para Medellín, 1993-1994.
Director de Bibliotecas y Museos, Banco de la República (Director de la Biblioteca Luis Ángel Arango), octubre de 1994 a agosto de 2005.
Juntas y fundaciones.
Miembro suplente del Subcomité para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías de las Naciones Unidas, 1992-96.
Miembro del patronato de la Fundación Histórica Tavera, Toledo, 1999-2000
Miembro del Consejo Directivo, Fundación Santillana para Iberoamérica, 1989-
Miembro del Consejo Superior, Universidad Nacional, 2006-2011
Miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 2005-
Miembro de la Junta Directiva del Fondo José Celestino Mutis para la protección del medio ambiente, Fen Colombia, 1982-1996.
Miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, 1978-2010.
Miembro del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas, 2000-2010.
Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Corpovisionarios, 2006-
Representante legal de la Fundación Juan Luis Londoño, 2006-
Jurado, Premio Nacional de Periodismo, 1998-
Jurado, Premio Nacional de Paz, 2002-
Jurado, Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar, 2007 y 2009.
Actividades editoriales
Director (con Germán Colmenares), Revista Esquemas, Bogotá, 1961
Director, Cuadernos Colombianos, 1970.
Director de Ediciones, Universidad Nacional, 1968-1969
Fundador y director histórico de la revista Credencial Historia 1987-2005.
Miembro del Consejo de Redacción, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República (1984- ).
Director, Análisis Político, 1989-1990.
Principales Publicaciones
Varios libros completos y centenares de artículos están publicados en la página de Internet Colombia es un tema
Libros
Historia de Colombia: El Establecimiento de la Dominación Española (Bogotá, 1977) (4 ed.: Bogotá, 1997).
Sobre Historia y Política, Bogotá, 1978
Raíces (Con Gonzalo Díaz) 2 vols. Bogotá, 1989.
Predecir el Pasado: Ensayos de Historia de Colombia (Bogotá, 1992)
Ensayos de Historiografía (Medellín, 1996).
Alimentación y cocina: bibliografía básica (Bogotá, Colegio de estudios socioculturales de la alimentación y la cocina colombiana, 2011)
(Ed.) Los orígenes de los partidos políticos en Colombia, de Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel María Madiedo y José Manuel Samper (Editor), Bogotá, 1979.
(Ed.) Historia de Antioquia, Medellín y Bogotá, 1985-1987.
(Ed.) Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y Mestizos en la Nueva Granada durante el siglo XVIII, Bogotá, 1986, edición y prólogo, “Francisco Antonio Moreno y Escandón, un burócrata criollo”.
(Ed.) Reportaje de la Historia de Colombia. 2 vols. Bogotá, Editorial Planeta, 1989.
(Ed.) Colombia Hoy (Bogotá, 14. Edición, 1991)
(Ed.) Historia, Vols. 1 y 2 de Gran enciclopedia de Colombia, Bogotá: Círculo de Lectores, 1991. 7 v. (Editor General, Camilo Calderón).
(Ed.) Historia de Medellín. 2 vols. (Medellín, 1995)
(Ed.) Caminos reales de Colombia. Coeditor, con Pilar Moreno de Ángel. Editor Académico Mariano Useche Losada. Bogotá: Fondo FEN Colombia, 1995.
(Ed.) Francisco de Paula Santander: escritos políticos, Bogotá: El Ancora Editores, Panamericana Editorial, 2003.
(Ed.) Colombia hoy: perspectivas hacia el siglo XXI 14a. ed. aumentada y corregida. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, 1991.
(Ed.) De sol a sol: Cincuenta años de trabajo en Colombia, Coeditor, con Aída Martínez Carreño y Ricardo Santamaría, Bogotá, 2004.
Prólogo de obras ajenas
Álvaro López Toro, Migración y cambio social en Antioquia en el siglo XIX, Bogotá, Banco de la República, 1970.
Alfredo Molano, Aguas Arriba: entre la coca y el oro, Bogotá, El Áncora Editores, 1990.
Ernst Röthlisberger, El Dorado, Bogotá: Comisión preparatoria para el V Centenario del Descubrimiento de América, Instituto Colombiano de Cultura, 1993.
Carlos Lleras de la Fuente Sin engañosa cortesía, Bogotá: Planeta, 2003.
Eduardo Pizarro León-Gómez, Una democracia asediada, Bogotá, 2005
Catalina Uribe Merino, Por los caminos de Sartre, Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2005.
Manuel Uribe Ángel, Camilo A. Echeverri y Emilio Kastos, Estudios industriales sobre minería antioqueña, Medellín, Eafit. 2007
Germán Hermida, Música de huesos y otros accidentes históricos. Bogotá, Santillana, 2009.
Artículos y conferencias principales
“La economía colombiana en la cuarta década del siglo XIX”, en Revista de la Universidad Nacional, (Sede de Medellín, No 2-3 Medellín, 1976
“¿Cuánta tierra necesita un indio?” en Gaceta Colcultura 12-13 Bogotá, 1977)
“Producción de oro y desarrollo económico en el siglo XVIII”, en Revista Universidad del Valle, No 3-4, Cali, 1977
“La República Conservadora”, en Colombia Hoy, Bogotá, Siglo XXI Editores, 1978) (15 ediciones)
“La Economía, 1850 1900”, en Jaime Jaramillo Uribe (ed.) Manual de Historia de Colombia Bogotá, Colcultura, 1979
“Las cuentas de diezmos como fuentes para la historia económica”, en Fedesarrollo, Estudios de Historia Económica Colombiana, Bogotá, 1981
“Política y políticos en Antioquia”, en Memoria del Simposio Los Estudios Regionales en Colombia: el caso de Antioquia, Medellín, 1982
“La educación en Colombia: feria de ilusiones”, en Lecturas de Economía, Medellín, 1985
“El proceso de modernización en Colombia”, en Revista Universidad Nacional de Colombia (Sede de Medellín), 20. Medellín, 1985
“La historia de la ciencia en Colombia” en Revista Universidad de Antioquia, 203 Medellín, 1986
Paramilitaries and their impact on the Colombian political situation. Bogotá, 1993. Publicado en español en el libro de Francisco Leal y Leon Zamosc, eds., Al filo del caos: Crisis política en la Colombia de los años 80, Bogotá: Iepri y Tercer Mundo, 1990: 475-514.
“Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad: notas para un debate”, en Memorias del VI Congreso Nacional de Antropología, Bogotá, 1990.
“Algunas consideraciones globales sobre ‘modernidad’ y ‘modernización’” en Análisis Político, 1990, y en Fernando Viviescas y Fabio Giraldo, eds. Colombia, el despertar de la modernidad, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, 1991, p. 225-248.
“Una Maria de armas tomar” en Del amor y del fuego, Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991.
“La conquista de la Nueva Granada: las primeras expediciones a la Costa Atlántica”, en Un mundo jamás imaginado 1492-1992, Bogotá, Editorial Santillana, 1992, p. 159-171
“Medellín: historia y representaciones imaginadas”, en Seminario Una mirada a Medellín y al Valle de Aburra (1993, Medellín), Memorias, Medellín: Universidad Nacional de Colombia; Biblioteca Pública Piloto; Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana; Alcaldía de Medellín, 1994.
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Premios y distinciones
Premio Nacional de la Ciencia “Alejandro Angel Escobar”, Bogotá, 1988, como colaborador del libro Historia Económica de Colombia.
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, mejor contribución original, por la Historia de Antioquia 1988.
Ordre des Palmes Académiques, Gobierno Francés, 2001.
Orden del Mérito, República de Colombia, 2005. Discurso de aceptación: “Cultura y educación: estrategias de equidad”
Distinguished Lecturer, Mortenson Center, University of Illinois, 2005.
Premio Scopus-Elsevier, 2006 (Los 10 científicos más citados en Internet de Colombia), 2007.

























































